JUEGO O MUERTE

Hasta qué magnitud puede llegar la diversión de algunos que a la vez significa un daño permanente para otros. A juzgar por la importancia que le da nuestro país al bullying, este problema seguirá perturbando a niños y adolescentes con espectadores de fondo.  

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Cuando se busca cifras del bullying escolar en Perú, uno se encuentra con datos alarmantes. Lo peor es que no son de años anteriores, perdidas entre los archivos, sino son solo del año pasado. Según el Ministerio de Educación (Minedu), en el 2022 se registraron 2500 denuncias de acoso escolar, estas van desde el ciberacoso, la intimidación y las agresiones físicas. Siendo esta última, el tipo de violencia que más aumentó en la última década.  

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En el último año se registraron más de 300 denuncias, convirtiéndose en la cifra más alta desde 2019. Datos como estos, hacen que sea alarmante la cantidad de noticias que salen en base a estas agresiones, como la de un escolar de 16 años, que fue apuñalado por su compañero de clase. La cuestión es, ¿Por qué existe tanta crueldad en los niños? Acaso la salud mental tiene gran influencia, quizás sea un reflejo de los hogares o la ausencia palpante de los padres en la vida de cada pequeño. 

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EL ATAQUES DE LOS NIÑOS  

Si los niños son almas inocentes, que significa que a corta edad sean capaces de cometer actos inimaginables y por qué en el Perú no se les condena como adultos. A finales del año pasado, los casos de violencia física excedieron a los del 2021 y, aun así, según el Código Penal, menores de 18 años están excluidos de la penalidad por si cometen delitos graves. La situación es grave y las instituciones educativas no se están esforzando por tener medidas estrictas en cuanto esta problemática, además existe una cultura de silencio donde los alumnos y maestros son los cómplices. 

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Por ejemplo, la falta de capacitaciones en los colegios, causaron que, en Piura, en el 2022, un niño de 10 años se queme a manos de un grupo de menores de edad. El poco interés de los directores por atender o hablar sobre el bullyng, es otra razón para hacer mea culpa por casos como el de un niño de 11 años que estuvo internado por las lesiones físicas que le causaron sus compañeros en la zona de Zapallay del distrito de Carabayllo.  

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La falta de prevención y atención a la violencia escolar en los colegios del país, junto a la ausencia de interés por parte de los altos rangos de las instituciones educativas son las principales causantes. Según el Censo Escolar 2022, se reveló que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) tienen conocimiento sobre la prevención hacia el acoso escolar, pero no cuentan con un apoyo en el bienestar emocional para los alumnos, y 115 UGEL no cuentan con estrategias hacia ello. 

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ESTRATEGIAS INVISIBLES 

Lo más indignante aún, es que, pese a que el país cuenta con una ley antibullying, la Ley N°29719, promulgada en 2012, que especifica los lineamientos para una convivencia escolar, aún no haya cambios. Si bien, las instituciones respectivas ayudan a la víctima, no hay ninguna sanción para el agresor. Solo existe un protocolo de seguimiento, en el que por 60 días se observa a la familia de la víctima, del agresor y a la institución educativa.  

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Los padres de las víctimas criticaron esta gestión. Asimismo, la ausencia de psicólogos en los colegios aumenta el problema, y si hay, no se dan charlas sobre su presencia y la importancia de pedir ayuda. Además, los tutores desconocen los canales de ayuda, igual que los colegios mismos. Las victimas creen que no se les brindará protección al hacer la denuncia y que no se les apoyará en el proceso, aunque existan campañas de protección. Sin acciones, la supuesta ayuda es insuficiente. 

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Lamentablemente los colegios prefieren solucionarlo internamente, no quieren que se divulgue el problema, por ello no hacen la respectiva denuncia. La Ley N°29719 establece que las instituciones tienen que notificar sobre los casos de violencia ante el Minedu y el portal SíSeVe. Los colegios privados son los que no acatan esta orden y dejan que la víctima se quede conviviendo entre sus agresores.  

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Esto se puede afirmar con un vago, pero siempre presente recuerdo del ciberbullying que ocurrió en mi colegio Diez de Octubre, ubicado en Pueblo Libre. En ese año, 2014, una red social se volvió un boom y se podía escribir cualquier cosa libremente y anónimamente. La cantidad de ciberbullying que se dio era notoria y los alumnos lo sabían. Al denunciarlo, lo único que se hizo fue una cita privada con los familiares y un comunicado en el receso para que lo dejen de hacer. Para el colegio, esto era suficiente, pero era más un chiste. Hubiera sido mejor, si nos hubieran informado sobre cómo denunciarlo o qué había organismos que podían cuidarnos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).