INSEGURIDAD EN AULAS

Pese a la elevada cifra de denuncias por violencia sexual, los docentes acusados reciben sanciones mínimas y temporales.

En el Colegio Mariscal Ramón Castilla de la Ugel N°02, ubicado en el distrito de Naña, una menor de 16 años, observa como su abusador recorre los pasillo de la Institución, pese a que el sujeto cuenta con una denuncia por violencia sexual y tiene una investigación en proceso. Ha pasado más de un año desde la acusación de la menor, pero el docente solo obtuvo una sanción temporal de tan solo dos meses. Ante una sociedad machista, la directora excusa la medida en que los involucrados “no se encontrarán” debido a la amplitud de la escuela.

Desde el 2013 hasta la actualidad, se registraron en alrededor de 6.179 denuncias contra el personal educativo por abuso sexual. A pesar de ello, este número de denuncias se reduce en los procesos judiciales, debido a que las penalidades en el Perú, son de tiempo mínimo o en muchos casos se anulan. Esto pone en peligro a los estudiantes.

En lo que va del año, se registraron 330 casos de violación sexual en los colegios peruanos, un aproximado de 17 agresiones por mes.

AULAS CON DOCENTES SIN ÉTICA

Mucho se dice que el abuso sexual es solo para las mujeres. Sin embargo, este estigma ya cambió, pues los hombres no están exentos del problema. Uno de los casos, es el de Rodrigo Arguedas de 17 años, quien al sentirse desesperado por no tener el apoyo económico para viajar por una beca de estudios a Rusia, luego de ser rechazado por el Ministerio de Educación (Minedu) con la intención de recibir ayuda y al no contar con el sustento de su padre, quien se encontraba en un coma, optó por recurrir al docente Marco Bendezu del Colegio Bartolomé Herrera ubicado en San Miguel.

Lastimosamente, cuando conversó con el profesor, Rodrigo encontró más miedo y angustia que respuestas. El docente le planteó tener un encuentro sexual a cambio de su ayuda. Rodrigo no accedió, y aunque tenía mucho miedo, fue capaz de denunciar el caso. Aún así, pese a que tuvo el valor, este fue ignorado y aún tantos años después del suceso, su denuncia sigue archivada y las autoridades no hacen nada al respecto.

De tal manera, Alexander Pajuelo, gerente general del Servicio Civil, indicó que la demora en estos procesos, se debe a que en primera instancia le pertenece a las UGEL, por lo cual la sanción es perjudicada. Igualmente, sostiene que el Tribunal de Servir se rige en el cumplimiento de las normas existentes. Por ello. se requiere de una norma con rango de ley con disposiciones complementarias, a fin de poder especificar una ampliación para los casos de violencia sexual.

MUCHAS DENUNCIAS, POCAS SANCIONES

Los datos de la plataforma SíseVe del Minedu, indican que las denuncias sobre la violencia sexual mantiene un incremento sostenido. Pues en el 2022 se tuvo entre 1500 reportes, de las cuales corresponden a los reportes de tocamientos, actos de connotación sexual o libidinosos y el hostigamiento sexual en donde sus cifras indican que se ha venido incrementando desde el 2013. Asimismo, se hace paréntesis que, durante la emergencia de la Covid 19 las cifras se redujeron, aunque el problema igual persistía y persiste.

Por ejemplo, en 2022, se reportaron 1.498 casos, pero de ello, solo se tomaron en cuenta 84 medidas disciplinarias resueltas por los órganos de control del Minedu. De ese último dato, nueve corresponden a un cese temporal sin goce de remuneraciones y 75 a la destitución o despido lo que implica al docente, la inhabilitación por cinco años. Si bien existió procesos de retiro de la institución, aún hay personal con antecedentes confirmados de violencia sexual que continúa en las escuelas.

De acuerdo con José Ordinola, abogado y vocero de la institución de la Defensoría del Pueblo, las fallas persisten por la incapacidad resolutiva de estos órganos educativos debido a que carecen de conocimiento y ética ante los juicios. Asimismo, señala que los operadores desconocen los lineamientos y las normas sobre el hostigamiento y la violencia sexual en las escuelas.